La crecida del Paraná obliga a evacuar hasta 25.000 vacunos y búfalos en Bella Vista, mientras las inundaciones amenazan a poblaciones, caminos y sectores productivos. La Cámara de Diputados reclamó a Nación que reactive obras pendientes sobre la Ruta Nacional 12, pero Juan Pablo Valdés mantiene su cercanía política con Javier Milei y concentra su respuesta pública en recorridas y operativos de asistencia. ¿Cuánto más deberá esperar Corrientes por la infraestructura que necesita para afrontar las inundaciones?
Las inundaciones que golpean a Corrientes vuelven a poner en evidencia una problemática que excede la emergencia climática: la falta de obras de infraestructura capaces de reducir los efectos de las crecidas y garantizar el escurrimiento del agua. Mientras el río Paraná amenaza con cubrir las superficies disponibles para el ganado y los productores deben trasladar animales a contrarreloj, las demandas por obras hidráulicas y adecuación de pasos sobre rutas nacionales continúan pendientes de respuestas concretas.
En ese escenario, el gobierno de Juan Pablo Valdés enfrenta una contradicción política. Por un lado, debe atender las consecuencias de la creciente en las localidades afectadas y coordinar la asistencia a las familias; por el otro, mantiene un vínculo cercano con la administración de Javier Milei, señalada por la falta de ejecución de recursos destinados a infraestructura preventiva.
El Niño agrava la emergencia y pone en riesgo a la producción
La situación es especialmente preocupante en la zona de Bella Vista, donde los productores ganaderos comenzaron a evacuar entre 20.000 y 25.000 animales, entre vacunos y búfalos, ante el avance del Paraná.
Según explicó Fabián Gotardo, presidente de la Sociedad Rural de Bella Vista, a Cadena 3, la expectativa era que la crecida alcanzara su pico entre el 20 y el 21 de octubre. La urgencia está relacionada con la posibilidad de que las islas y los carrizales queden completamente cubiertos por el agua, sin superficies disponibles para mantener a los animales.
A las dificultades logísticas se suma la falta de campos disponibles para recibir a los animales. Los productores deben afrontar el alquiler de terrenos y la compra de alimento para sostener al ganado hasta que las condiciones permitan regresar a las islas. Así, la creciente no solo amenaza con provocar pérdidas inmediatas, sino que también incrementa los costos de una actividad central para la economía correntina.
La preocupación se extiende a la producción arrocera. Corrientes concentra cerca del 47% de la producción nacional de arroz y las condiciones de humedad excesiva y menor radiación solar pueden afectar los rendimientos y la calidad del grano.
Las consecuencias también podrían trasladarse a los precios de los alimentos, dependiendo de las pérdidas productivas y de la evolución de la oferta en los próximos meses.
Diputados reclamó a Nación por obras pendientes sobre la Ruta 12
En medio de la emergencia, la Cámara de Diputados de Corrientes aprobó una resolución que insta al Poder Ejecutivo Nacional a avanzar con la construcción y adecuación de obras de paso sobre la Ruta Nacional 12, en los cruces de los arroyos Santa María, Baí, Santa Lucía, Santa Isabel y el Canal Berón de Astrada.
Según los fundamentos del proyecto, el 7 de septiembre el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) presentó una nota ante la Dirección Nacional de Vialidad para solicitar la construcción de puentes en esos cinco cruces y la reactivación de las actuaciones administrativas existentes.
La iniciativa cuenta con viabilidad hidráulica y ambiental otorgada por el ICAA, pero todavía requiere avances administrativos, técnicos y presupuestarios.
El Fondo Hídrico y las denuncias contra el Gobierno nacional
El reclamo por la infraestructura pendiente en Corrientes se inscribe en una discusión nacional sobre el destino de los recursos destinados a prevenir inundaciones.
El 19 de octubre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que avanzará con una denuncia penal contra Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Hídrico. El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien cuestionó la falta de ejecución de recursos destinados legalmente a obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas.
Según los datos presentados por el gobierno bonaerense, el fondo contaba al cierre del primer trimestre de 2026 con $339.993 millones corrientes. De ese total, $290.676 millones —el 85,49%— estaban colocados en Letras del Tesoro, en lugar de destinarse de manera inmediata a obras.
El fondo se nutre de una porción del impuesto a los combustibles y tiene como destino legal financiar infraestructura hídrica. Por eso, la controversia no se limita a una disputa entre gobiernos de distinto signo político: pone en discusión si los recursos disponibles están cumpliendo con la finalidad para la cual fueron establecidos.
Fuente: NEAHOY Leer noticia completa
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