
La jueza dejó sin efecto la condena de 2023, que había fijado un pago superior a USD 16.000 millones. El máximo tribunal estadounidense decidirá si acepta revisar el fallo de apelación favorable a la Argentina.
La jueza federal Loretta Preska formalizó el cierre del expediente en primera instancia en Nueva York y dejó sin efecto la sentencia que había dictado en 2023 contra la Argentina. La medida responde a la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo anuló la condena por la expropiación de YPF.
El trámite no representa el final definitivo del juicio por YPF. Burford Capital presentó un pedido ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que revise el fallo de segunda instancia, y ahora los magistrados deberán resolver si aceptan intervenir. La presentación, conocida como recurso de certiorari, no obliga al máximo tribunal a tomar el caso.
Por qué la Cámara anuló la condena a Argentina por la expropiación de YPF
En 2023, Preska había ordenado que el Estado argentino pagara más de USD 16.100 millones a los demandantes. Con los intereses, el monto llegó a superar los USD 18.000 millones. La Cámara revocó esa decisión al considerar que la jueza había aplicado de manera equivocada el derecho argentino al analizar los reclamos.
El litigio se originó tras la estatización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Petersen Energía, Petersen Energía Inversora —ligadas a la familia Eskenazi— y Eton Park demandaron al país. Alegaron que el proceso expropiatorio desconoció los derechos de accionistas minoritarios; Burford financió la disputa y adquirió los derechos de los antiguos accionistas.
Al fundamentar la revocación, la Cámara sostuvo que la normativa argentina sobre expropiaciones impedía reclamos de terceros que obstaculizaran ese procedimiento. También entendió que el estatuto de una compañía no equivale a un contrato entre sus accionistas que habilite indemnizaciones como las reclamadas. En junio, el Segundo Circuito rechazó revisar el fallo en una instancia ampliada.
El reclamo de Burford ante el CIADI
Tras ese rechazo, la Corte Suprema quedó como la última alternativa judicial de Burford en Estados Unidos. Los demandantes describieron la decisión de apelación como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”, según informó Bloomberg. Sin embargo, la presentación solo solicita la revisión: los jueces pueden aceptarla o desestimarla.
Fuentes de la Procuración del Tesoro señalaron que el cierre formal era un paso procesal esperado y que la causa sigue abierta mientras se aguarda la respuesta de la Corte. El tribunal recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos por período de sesiones y suele admitir alrededor de 80. No hay un plazo establecido para resolver este tipo de solicitudes.
Desde el organismo encargado de la defensa estatal afirmaron que preparan su estrategia desde el fallo de marzo. “Vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado”, indicaron fuentes oficiales. En paralelo, Burford impulsa otra vía: inició actuaciones ante el CIADI, organismo del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
Fuente: Radio Mitre
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