La Constitución Nacional consagró desde 1853 una concepción de la Argentina como un país abierto a quienes quisieran habitar su territorio y reconoció a los extranjeros amplios derechos civiles. Más de un siglo y medio después, el Gobierno de Javier Milei profundiza un cambio de paradigma migratorio basado en mayores controles, restricciones y causales de expulsión, mientras especialistas advierten sobre la creciente asociación entre migración, seguridad y delito.
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